Lo que tu país debe hacer por ti; bueno, por todos (2)
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Las elecciones generales del 20-N son una excelente ocasión para reflexionar. Menos para votar: las opciones en liza decidieron hace tiempo considerar la cultura algo accesorio en el discurso político y es común a los grandes partidos el mal trato estratégico a la cosa cultural. Por eso el voto se presenta como menos relevante. En este artículo, nuestro colaborador, Robert Muro, afirma que la cita puede servir para pensar y preparar la acción. Para, en definitiva, configurar un programa de mínimos para los próximos años
El nuevo Gobierno que salga de las elecciones generales del 20-N –sea cual sea su signo– tendrá unas obligaciones para con la cultura de este país, tantas veces pospuestas; ahora ya perentorias. La consideración de la cultura como una cuestión de menor importancia refleja una enorme pobreza de los políticos y sus partidos y hay que transformarla con urgencia en la convicción –convertida en acción política, en programa– de que la cultura hace país, dentro y fuera de España, de que la cultura hace mejores ciudadanos, de que la cultura constituye el entramado de carreteras por las que transita el alma. En el anterior artículo señalaba las responsabilidades del sector cultural en hacer de la cultura algo relevante para los ciudadanos. Hoy voy a avanzar las que a mi modo de ver son las responsabilidades de gobierno, los mínimos de un programa de transformaciones que cualquier ejecutivo debe acometer de inmediato. Un programa que concrete lo que significa en este momento el mandato constitucional que compromete a los poderes públicos a promover la cultura. En mi opinión, los siguientes puntos son esenciales en ese programa de mínimos.
1. La adecuada financiación pública y privada de la cultura mediante una ley. La cultura debe quedar al margen de recortes y vaivenes políticos y económicos. Es la sustancia articuladora de país y, gracias al español, la herramienta más adecuada para multiplicar su presencia en el mundo. La cultura, además, es uno de los activos estratégicos de España, tanto por su patrimonio como por su capacidad creativa y su aportación a la economía. Por eso es imprescindible que las instituciones públicas mantengan sus presupuestos destinados a la acción cultural sin reducciones, cumplan la ley de morosidad en sus pagos a proveedores y, particularmente, definan una nueva ley marco de financiación de la cultura. La cultura debe disponer de herramientas legales y fiscales para captar recursos económicos privados y de empresas que apuesten por tener más presencia social mediante la acción cultural. Una ley de financiación que potencie las donaciones y el patrocinio y permita al sector privado asumir sus responsabilidades en el devenir cultural del país.
2. Los procesos de privatización, transparentes y al servicio de los ciudadanos. La cuestión, hasta ahora en primer plano, de si la gestión de la cultura debe ser pública o privada no es la central del debate. Porque la respuesta es: depende. Lo verdaderamente relevante es a quién sirve esa gestión y qué objetivos de política cultural tiene. Y no si la llevan a cabo o no funcionarios o contratados por la administración pública. Los procesos de gestión privada que se avecinan –fruto, todo hay que decirlo, de una a menudo pésima gestión pública– deben cumplir unos requisitos mínimos imprescindibles que los gobiernos han de imponer y verificar: a) Encuadrarse en el modelo constitucional que asigna a los poderes públicos la tarea de promover y dirigir la cultura; b) Realizarse con transparencia y estricto control público y con el máximo consenso; c) Estar hechos para mejorar la calidad de los servicios correspondientes, no simplemente para abaratar costes; d) Establecer mecanismos concretos de participación y control ciudadano: más democracia, no menos; y d) Priorizar su gestión a través de organizaciones sin ánimo de lucro: la cultura pública gestionada a través de un potente sector terciario.
3. Adecuar las leyes para que favorezcan la creatividad artística y el tejido industrial. La creación artística debe disponer de leyes específicas que favorezcan su producción y distribución; sistemas fiscales que supongan su consideración como objetos necesarios y útiles socialmente y no como objetos de lujo; de estímulos fiscales que beneficien a los ciudadanos y que favorezcan más a los que más cultura consumen. Por decirlo de un modo más concreto, la creación colectiva debe estar encuadrada en procesos empresariales simples de estilo cooperativo o por proyecto que se mantengan mientras dure la creación y que estén sometidos por ello a normas impositivas y de seguridad social mucho más suaves. La fiscalidad debe reducirse, no tanto por los beneficios específicos que ello acarrea sino por el mensaje de que se aplican a un servicio necesario para la ciudadanía. Los ciudadanos que más consuman deben ser premiados con deducciones específicas, esas que a menudo promueven hoy la compra de casas o de coches.
4. Los centros públicos regidos por profesionales y despolitizados. Los sistemas de concurso abiertos y transparentes para la gestión de los centros públicos –de cualquier nivel– deben pasar a ser el modelo normal de definición de responsabilidades de gestión. El actual modelo de designación, caracterizado por fidelidades políticas y por criterios artísticos, debe dejar paso a selecciones con proyectos de gestión y de funcionamiento y a profesionales de la gestión cultos –claro– pero que entiendan de dirección estratégica, de organización de equipos, de captación de recursos y de manejo presupuestario, de comunicación y de captación de audiencias… Basta de que ser un buen guionista, director de escena, escritor o experto en pintura –y fiel a un determinado partido– sea suficiente para ser elegible y elegido.
5. Los centros públicos deben especializarse en ser guardianes de la innovación. Deben asumir como una tarea lógica y prioritaria promover los nuevos valores creativos en todas las artes, estimular la innovación en los procesos y en tendencias, ser centros de referencia para la vanguardia creativa del país y para las artes con más dificultades de desarrollo. Ese es su papel, un papel que solamente puede asumirse desde la financiación pública por los riesgos que conlleva y por la tarea constitucional de las instituciones públicas de atender a todos los ciudadanos y a todas las expresiones artísticas y culturales.
Obviamente en el futuro inmediato se deberían concretar y dar forma a estos cinco puntos que considero imprescindibles y urgentes. Personalmente mi voto irá a la fuerza política que los incluya. (Uy, qué miedo). Sí, porque como he dicho alguna otra vez, sé que nada ocurre si alguien no lo hace. En este caso, si muchos "alguien" no lo imponen.
Robert Muro
www.robertmuro.wordpress.com
