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Cultura, IVA
y política cultural
En esta ocasión, nuestro colaborador analiza la actitud del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Secretario de Estado de Cultura respecto a la arbitraria decisión de subir el IVA cultural del 8 al 21%, medida que la propia FAETEDA ha calculado que puede provocar la desaparición del 20% de las empresas del sector.
Ocurra lo que ocurra, el divorcio entre el actual Gobierno y la cultura es una realidad. La subida del IVA para los productos culturales es una de las más terribles decisiones que jamás se han tomado en España contra la cultura y una muestra clara de la falta de respeto que una parte de la derecha nacional tiene hacía cualquier idea razonable de democracia cultural.
Los argumentos de carácter económico a favor de la subida son de una enorme endeblez, especialmente si tenemos en cuenta que el 80% de la facturación cultural española proviene del ámbito editorial o de medios de comunicación escritos (se tiende a considerarlos parte del sector), que afortunadamente mantienen el tipo reducido. Resulta inevitable por tanto, pensar que hay argumentos de carácter ideológico, que aún no siendo necesariamente contrarios al mundo de la cultura, sí quisieran verla transformada en un sector puramente comercial con escaso valor añadido.
Quizá conviene, en consecuencia, desempolvar el viejo enfrentamiento entre alta cultura y cultura popular, la una convenientemente protegida por los presupuestos públicos y con un precio lo bastante alto para no asustar a los ricos y alejar a los pobres; la otra autoproducida, étnica y accesible a todo el mundo para solaz y placer del pueblo llano. Desempolvarla para observar a qué situación nos enfrentamos y cuál es el futuro que se adivina detrás de este tipo de decisiones.
El modelo cultural español, nacido de la transición y realizado a trompicones entre el Estado (Plan Nacional de Teatros, Bibliotecas y centros de arte) y las Comunidades Autónomas, con la indispensable complicidad de unos municipios que asumieron servicios para los cuales nunca tuvieron dotación ni competencias se ha hecho trizas en unos pocos meses. Todo parece abocado a una incierta ley de mecenazgo que excluye a la empresa privada, o a la capacidad del mercado para abastecernos de contenidos. Sin duda el deterioro en la calidad de nuestra sociedad va a crecer exponencialmente.
La cultura no es únicamente consumo de productos de mayor o menor interés artístico; es, sobre todo, la capacidad de conversar con los contenidos de la comunicación. Una obra de arte, un libro, una representación teatral, una película son poca cosa si no trascienden a su propio creador y establecen un diálogo con el receptor. Por eso decimos que el principal reto de una política cultural es influir en la política educativa y, por eso, también decimos que la densidad de una cultura no se mide tanto por la calidad de sus artistas (que bien puede ser casual) sino por el nivel de sus usuarios.
No hace tantos años, España vivía en la ilusión de un cambio social profundo. Me remito a los primeros años 80 y en aquel momento la cultura y los programas públicos que la protegían tenían una enorme centralidad política. Todavía nos influía el magnífico legado de Malraux y el peso ejemplar de experiencias internacionales como Las Maisons de Culture francesas, los Civic Centers ingleses o el Tiempo Pleno italiano. Peregrinábamos a Europa a aprender de la práctica de los centros culturales agrupados bajo la Transeuropean Halles, intentábamos establecer contactos con la redes de teatros francesas o alemanas y buscábamos, en el cobijo del Consejo de Europa, ideas para normalizar la vida cultural española.
La institucionalización de la vida cultural española ha tenido un doble efecto sobre el sector. Ha normalizado su presencia en la sociedad, creando un marco normativo a través del cual se garantizaba una cierta accesibilidad a ayudas públicas y sobre todo a los circuitos públicos que, aún desorganizados, se han creado a lo largo del país, pero a su vez ha creado las condiciones para que la cultura sea vista por amplias capas de la población como un elemento más del mercado.
Es en este contexto en el que cabe situar la subida del IVA. Para el Ministerio de Hacienda, el teatro, el cine, los cd's u otros contenidos culturales son meras mercancías asociadas al consumo cotidiano sin más valor que el de cualquier otro producto comercial. Probablemente un respeto ancestral al libro, tópico asociado al nivel cultural básico de un país, ha permitido que se mantenga al 4%, aunque es curioso observar que tal respeto sólo afecta al libro impreso dado que el e-book se grava con el tipo general. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a los efectos de esta decisión, simplemente no existe, lo cual indica para quien quiera entenderlo, su alto nivel de inutilidad en el contexto de un país que ha transferido a las Comunidades Autónomas la gestión básica de sus políticas culturales. Un Secretario de Estado de Cultura tiene la obligación ética de posicionarse delante de esta decisión. Si está en contra debería dimitir; si está a favor decirlo públicamente y afrontar las consecuencias.
La tardanza del Secretario de Estado de Cultura en hacer declaraciones y la ambigua manera de cuestionar la medida, justificándola, contra corazón probablemente, atendiendo la situación general del país, no es aceptable. Al Ministerio de Educación y Cultura le corresponde conocer con precisión cuál va a ser el impacto económico, fiscal y laboral de esta medida y el problema es que en España no tenemos un observatorio capaz de medirlo.
En pleno tránsito digital y en el apogeo de los mercados globales que afectan sobremanera a sectores como el musical, audiovisual y editorial, la cultura española tiene delante un reto complejo que solo puede afrontarse protegiendo al consumidor. No se trata tanto de un debate económico y fiscal sobre la cultura en general, sino y de manera especial sobre el producto cultural español. La ecuación es simple: menos dinero público y más liberalización exige mayor demanda, lo cual es contradictorio con la subida del IVA. Una vez más el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha sido incapaz de entender y hacerle entender a sus colegas de Hacienda que esta medida no sólo reducirá la recaudación global del Estado sino que incrementará la economía sumergida de un sector en transformación.
Al final, ventajas comparativas para las multinacionales del espectáculo.
Xavier Marcé
