Repensar la democracia cultural
El mundo de la cultura, en opinión de Xavier Marcé, deberá hacer un esfuerzo para convencer a la opinión pública de cara a recuperar su situación preterita una vez que acabe la crisis. Para ello tendrá que cambiar parte de su estructura. En el siguiente artículo nuestro colaborador propone algunas ideas para conseguir este objetivo, como la obligación de reinvertir los beneficios derivados de las ayudas públicas en el bien social, la redefinición del papel del Estado en el sector, o la potenciación del mercado cultural español.
La reducción de los presupuestos culturales, radical en algunas comunidades y, más limitada pero igualmente contundente en otras, no es coyuntural, es el funeral de un modelo de política cultural vigente en Europa desde la segunda guerra mundial y tardíamente implantado en España a partir de los años 80.
Que nadie se lleve a engaño, lo que estamos presenciando es la escenificación de una muerte anunciada, justificada por una crisis que en otras circunstancias no debería afectar significativamente a la cultura, si atendemos las cifras que se manejan y el indiscutible peso marginal que ocupa en el contexto de las políticas públicas. En este sentido la reducción de los presupuestos culturales no es únicamente una cuestión de recursos económicos sino una revisión del papel que el Estado quiere asumir respecto al funcionamiento del sector cultural.
La cultura, entendida como una materia que reclama la atención pública, tiene escasa credibilidad social y está afectada por una serie de escándalos jurídico-económicos que en nada ayudan a mantener un prestigio imprescindible para justificar el statu-quo vigente. El cierre de bibliotecas quizá generaría una cierta alarma social, pero sin duda la reducción de las subvenciones a la producción teatral o al cine pasará desapercibida o, incluso, será aplaudida por ciertos medios de comunicación y por sus opinados asociados.
Podemos quejarnos evidentemente, pero servirá de poco. Nuestro destino está indefectiblemente ligado a algo tan complejo como encontrar las respuestas que demanda el ejercicio de repensar el concepto de democracia cultural. No hay vuelta de hoja, somos un gasto en el limbo (ese indefinido punto de ambigua necesidad) obligado a buscar los argumentos que seduzcan de nuevo a la ciudadanía y en consecuencia al Estado. Apunto algunas líneas de pensamiento.
El dinero público no puede servir para el enriquecimiento personal. Quizá sea habitual en la banca, pero en el mundo de la cultura tal eventualidad particular la paga el conjunto del sector perdiendo su credibilidad. La realidad es que multitud de empresas culturales de nuestro país funcionan como sociedades patrimoniales que derivan los beneficios a sus propietarios (no pocas veces individuales) y consolidan las pérdidas en las sociedades operativas que han sido objeto de ayuda pública.
El sector cultural no recuperará su credibilidad si no se obliga taxativamente a cualquier empresa que reciba ayudas públicas a reinvertir los beneficios para capitalizarse y fortalecer su capacidad inversora. Esta problemática afecta a importantes empresas españolas del sector audiovisual, a no pocas del escénico y por supuesto a muchas otras prestadoras de servicios auxiliares. No estamos delante de un debate sobre la legalidad de ciertas estructuras empresariales, sino frente a un debate ético que tiene que ver con las ayudas a fondo perdido y la creación de imaginarios sociales de enriquecimiento personal.
La credibilidad del sector no se recuperará mientras el Estado no defina de manera clara cuales son los límites de su actuación y el listado de servicios públicos que se le asocian. En las circunstancias actuales una ley de la cultura que fije el marco competencial de la administración y que a su vez la libere de la falsa suplencia que ha justificado una escasa sostenibilidad de la iniciativa privada, es más necesaria que nunca. No va a ser posible reconstruir una política pública para la cultura sin cambiar radicalmente el marco normativo vigente. Sin duda uno de los problemas más relevantes que debe afrontar el sector cultural es la extrema volatilidad de los servicios públicos: cada ciudad, cada comunidad, cada provincia (si atendemos la actividad de algunas diputaciones) tienen políticas particulares desprovistas de todo sentido de red. La circulación de espectáculos, la coordinación de proyectos e incluso el reconocimiento del valor cultural de cada actividad varía en función de las lógicas territoriales imperantes.
En términos de mercado esta realidad es perfectamente lógica, pero es absurda en términos de servicio público. El objetivo de una ley de cultura (o lo que es lo mismo, un pacto de Estado sobre la cultura) es precisamente limitar los efectos negativos de esta disparidad de políticas consensuando unos mínimos de común cumplimiento en lo que afecta a los compromisos públicos.
El Estado debe reducir su actividad productora de contenidos e incrementar su actividad reguladora. El futuro del sector cultural no depende de las subvenciones públicas sino de la consolidación de escenarios culturales (políticas de demanda) y sobre todo de políticas eficaces en el terreno de la gestión de los derechos, el desarrollo de los anillos digitales para contenidos españoles y la prima fiscal a la producción y distribución de contenidos propios.
Cada vez es más evidente que la producción cultural ocupa un destacado lugar en el consumo individual y familiar español. La interacción entre componentes comerciales y dinámicas artísticas se ha convertido en una realidad presente en la mayor parte de los contenidos culturales, que en su mayoría circulan por la red en clave global. Cine, literatura, videojuegos, música, etc. se han convertido en contenidos digitales para los cuales no hay otro escenario posible que la red, aunque parcialmente mantendrán parcelas analógicas y tratamientos específicos que permitirán aprovechamientos puntuales de carácter presencial. La vieja dicotomía que plantea una frontera indivisible entre la producción cultural digital y la presencial es poco útil para prever el futuro y por supuesto ineficaz para administrarlo. Por eso el principal reto del sector cultural español es conseguir incrementar su mercado.
Repensar la democracia cultural supone aceptar que la tecnología nos permite asegurar, con renovada facilidad, que los problemas de accesibilidad cultural ya están globalmente resueltos. André Malraux impulsó un programa de construcción de grandes centros culturales para conseguir una mayor socialización de los contenidos culturales. Este impulso inicial comportó la progresiva aparición de equipamientos de todo tipo a lo largo de toda Europa. Durante años el problema de la cultura era seducir a los públicos con una producción cultural local altamente protegida y globalmente cofinanciada con dinero público.
Ahora el conflicto se ha invertido. La red se ha convertido en la gran infraestructura de exhibición para una creciente parte de los contenidos culturales y en un regulador de flujos de consumo para aquellos que mantienen una lógica presencial. Por contra, su tamaño inmenso, facilita la entrada de contenidos globales, incrementa la competitividad y limita el papel del sector público como financiador principal.
Si atendemos a los objetivos de los padres de la socialdemocracia cultural es la historia de un éxito, aunque empresas poco adaptadas, administradores públicos empeñados en mantener vigente la vieja dialéctica entre cultura de élite y cultura popular o gestores incapaces de aceptar que la cultura también es economía se empeñen en vivirlo como un fracaso.
Xavier Marcé
