Heteatrodoxias, por Xavier Marcé

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Cambiar para sobrevivir

Xavier Marcé parte en este artículo de la dificultad que tiene el sector cultural para reivindicar ante la Administración el mantenimiento, al menos, de sus presupuestos ante la inestabilidad que viven algunos servicios públicos considerados de mayor importancia por la opinión pública. A todo ello contribuye la debilidad del mundo cultural de nuestro país, cuyo modelo ha tenido que enfrentarse a la crisis en plena transformación y que no cuenxta con la relevancia de los existentes en países como Francia o Alemania.

En los últimos meses y a través de decenas de artículos se ha ido desgranando la actual crisis y sus efectos sobre el sector cultural. La tendencia mayoritaria es reclamar a las Administraciones una cierta excepción económica que permita mantener los, ya de por sí escasos, presupuestos que el Estado destina a la cultura. Es una opinión legítima y mucho más si tenemos en cuenta que estamos en la cola europea en cuanto a gasto cultural, pero se trata igualmente de una opinión con mala prensa. A la cultura no le resulta nada fácil explicarse como un sector productivo y al contrario, para muchos es un gasto innecesario. Sin ninguna duda los enormes desequilibrios económicos existentes en el sector avivan esta polémica, del mismo modo que los cachés de los artistas de éxito o las economías de ciertos sectores como la ópera, generan una sensación de elitismo. En cierto modo reclamar mayores presupuestos para la cultura puede parecer insolidario e inoportuno si tenemos en cuenta que la actual situación amenaza el mantenimiento de algunos servicios sociales fundamentales.
Creo honradamente que el sector cultural no está bien armado para afrontar un debate social sobre los recursos que el Estado le destina, o si queremos y dicho de otra forma, no es un sector al que la sociedad le otorgue un papel prioritario. Es evidente que la actual crisis llega en mal momento para la cultura. Si tuviéramos un desarrollo institucional mayor, como es el caso francés, administrar una reducción del gasto público sería duro pero viable. Si el mercado cultural estuviera desarrollado y los circuitos estabilizados, la recesión sería selectiva pero no traumática. El problema es que la crisis nos pilla en terreno intermedio: una actividad pública limitada y especialmente desordenada y un mercado a medio construir con poca fortaleza empresarial y escasos recursos financieros. Por eso la crisis y el consiguiente ajuste presupuestario es visto por la mayoría de los agentes del sector, como una terrible amenaza que pone en duda su viabilidad.
Esta crisis comporta múltiples problemas, pero también pone de manifiesto las debilidades más profundas del sector cultural. La más importante de estas evidencias es la escasa consistencia de las fronteras que limitan la actuación pública y el trabajo de los artistas, emprendedores y empresarios de la cultura.
No me refiero a la administración de servicios básicos como las bibliotecas, la conservación del patrimonio o los centros socioculturales de proximidad. En este terreno existen pocas dudas acerca de las obligaciones del Estado. Más bien me refiero a la producción de contenidos, a su distribución y muy especialmente a su exhibición. Ahí las fronteras son muy delicadas y en general inestables.
La Administración Pública, por ejemplo, patrocina (subvenciona) la producción de la mayor parte de la producción teatral española, sin embargo sólo asegura la exhibición de una tercera parte. En España existe un considerable número de centros de producción escénica que exhiben sus espectáculos con total independencia del potencial de público existente, es decir, aún en caso de éxito limitan su duración a un periodo determinado de tiempo sin posibilidad alguna de girar por otros teatros españoles. La escasa planificación de las giras encarece notablemente los costes de cada representación, dado que no se ordenan ni en el tiempo ni en el territorio.
Esos son algunos de los desórdenes existentes en el sector teatral. En otros ámbitos los resultados son aún peores. El mercado musical español es probablemente uno de los más caros de Europa debido, en buena parte, al papel de promotor que asumen muchos municipios contratando espectáculos al margen de toda lógica comercial. El cine español recibe una notable ayuda económica y apenas consigue un 13% de cuota de pantalla, circunstancia que demuestra la poca importancia que se le da a las políticas de distribución y exhibición.
Sería un tremendo error considerar que la culpa de todas estas distorsiones sea una baja calidad de las producciones o la incapacidad de los agentes privados (sean empresariales o artísticos) para resolver las grandes dificultades que afectan a un mercado cultural cada vez más globalizado y concentrado. Algo de eso hay por supuesto, aunque el problema, en realidad, es otro.
Vivimos en un modelo cultural en el que el predominio del factor público es absoluto. Lo construimos en los 80, en pleno desarrollo democrático y en una época de gran crecimiento económico. Lo hicimos mimetizando realidades europeas en las cuales la cultura tenía una enorme estabilidad institucional y casi un siglo de tradición. Lo trabajamos deprisa, quemando etapas con escasa continuidad y ninguna acumulación, al ritmo de la exigencia que suponía la frenética construcción de nuevos equipamientos. Los centros cívicos, las aulas de cultura o las Universidades Populares de los años 80 pasaron a convertirse en centros sociales en los 90, arrasados por una nueva generación de teatros, auditorios y centros de arte especializados. En el siglo XXI, los nuevos formatos digitales afectaron los hábitos de consumo, poniendo en duda el valor carismático de muchos contenidos artísticos y culturales. No pocos espacios culturales viven, en la actualidad, en la más absoluta opacidad social sin un rumbo prefijado. Cada día son más los equipamientos públicos que buscan en el sector privado las propuestas que justifiquen económica y socialmente su razón de ser.
De ahí surge un falso debate entre lo público y lo privado. Es un falso debate porque en estas condiciones ni los primeros desarrollan su labor (que es acercar la cultura al ciudadano con la máxima calidad posible), ni los segundos la realizan con posibilidades reales de consolidar un sólido sector empresarial. Son las fronteras lo que no se ha definido correctamente, los límites exactos donde le corresponde estar a cada uno, el contrato cultural entre el Estado y el ciudadano. Y las fronteras son instrumentos jurídicos, financieros, políticos y comunicativos.
Podría existir una solución pública, evidentemente, pero requiere un presupuesto ingente y también una planificación indicativa que discrimine y elija de entre todo lo mejor (aunque esta expresión provoque sarpullidos a los más liberales). Una idea de cultura pública es la base del modelo francés y alemán. Por supuesto lo fue en la Europa del Este con parámetros stajanovistas pero no exentos de cierta eficacia en ámbitos como la formación artística y las artes interpretativas. Lo que ocurre es que este modelo es impensable en nuestro país, afortunadamente, además, si apostamos por la creación artística en libertad.
Ahora ya no está en nuestras manos elegir el modelo. La transformación del mercado cultural lo hace inviable y no hay dinero suficiente para pagarlo. Por eso urge modificarlo, lavarlo conceptualmente de falsas impresiones e ideas imprecisas que nos convierten en malos imitadores de la grandeza francesa o del proteccionismo alemán.

Xavier Marcé
heteatrodoxias@elespectaculoteatral.es